El más grande de los incendios reveló distintas problemáticas en el manejo de los predios forestados. La Intendencia de Canelones demandará a los dueños de los terrenos incendiados. En tanto, el gobierno analiza si hubo negligencia de las empresas forestales y anuncia cambios en la norma.
Mariángel Solomita y Delfina Milder
Después del fuego, lo que queda de los bosques de la Costa de Oro es un suelo de arena negra, tan débil que se hunde con cada paso. De la arena asoman huesos. Son las mascotas muertas que decenas de personas alguna vez enterraron aquí, en estos predios al costado de la ruta Interbalnearia que parecían ser tierra de nadie; pero no lo son. Además de los huesos, hay todo tipo de desechos quemados: baldosas, botellas, latas, el monitor de una computadora, la carrocería de un auto.
Los árboles y arbustos que sobrevivieron tienen el tronco negro y las hojas carbonizadas. Todo se desintegra con el tacto. Estamos apenas a unos metros del tránsito de la carretera y sin embargo en los bosques hay un silencio inesperado. No vuelan insectos. El ardor ahuyentó a los roedores y a las víboras. Las aves heridas huyeron hacia los centros poblados. Desde las copas de los árboles más altos, todavía verdes, llega un eco de canto de pájaros. Hay un intenso olor a humo que de apoco se mete en la garganta y pica. En el medio de este paisaje desolado, lo único que se mueve son las hormigas.
A pocos kilómetros de Fortín de Santa Rosa, donde ocurrió el incendio más grande de la costa de Canelones, con 110 hectáreas quemadas, está la casa del alcalde Gustavo González. Luce extenuado. Las noches pasadas no fueron las primeras que pasó en vela apagando fuegos. Él y los vecinos más longevos en esta zona ya conocen de incendios. Saben que son la amenaza de cada verano, entre las altas temperaturas, las sequías y los visitantes que —con mayor o menor grado de conciencia— no respetan la prohibición de hacer quemas de cualquier tipo.
Sin embargo, este incendio trajo algo nuevo: un enojo diferente. De alguna manera, lo sintieron como “la crónica de una muerte anunciada”. “Tres meses atrás elaboramos un mapa de riesgo en el que habíamos identificado los terrenos que representan un potencial problema y estos que ardieron estaban marcados”, plantea el alcalde. Los bosques incendiados no son públicos, tienen dueños. Sus propietarios ya habían sido informados, intimados y multados por la comuna para que cumplan con las medidas de manejo de los predios para evitar incendios.
Desde la intendencia, Leonardo Herou, el director General de Gestión Ambiental confirma que a pesar de las advertencias los propietarios no cumplieron con la normativa ambiental, que en 2017 incorporó medidas de prevención en sintonía con las que estipula la ley forestal.
Si en Paysandú y Río Negro distintos productores afectados por los incendios denuncian que las empresas forestales no tenían en buen estado los cortafuegos (para que no avancen las llamas y transite la maquinaria), ni estaban limpios los predios en su interior (de basura que genera un efecto lupa y de vegetación que puede convertirse en combustible), ni había suficientes reservas de agua, en los grandes bosques que ardieron en Canelones el panorama era similar.
Para marcar un punto de inflexión, el intendente Yamandú Orsi conformó un grupo de trabajo que hará un seguimiento de la aplicación de la normativa y además recurrirá a la Justicia. En el caso de los predios con alto riesgo cuyos propietarios no hayan respondido a las advertencias y sanciones, la intendencia presentará acciones de amparo como una forma de “obtener una respuesta rápida”. A su vez, presentará una demanda por daños y perjuicios contra los propietarios de los cuatro predios incendiados.
“No solo se los demandará por el gasto en que incurrieron la intendencia y el municipio, sino además por el impacto ambiental, económico y social vinculado al desarrollo local”, dice Herou. Al ser una zona turística, un incendio de esta magnitud afecta el paisaje, la calidad y la percepción de seguridad de los destinos.
Después del fuego, lo que queda en los bosques de la Costa de Oro es una manta de semillas. “Con las primeras aguas reaccionan y crece un tapiz que cubre el suelo como el pelo de un perro”, describe el alcalde. Esa vegetación es la acacia, una especie invasora que, ante un nuevo incendio, resulta tremendamente inflamable. Plantea: “Si no se hace una restauración ecológica controlando esa especie, no se cortará el ciclo y será cuestión de tiempo hasta el próximo desastre”.
Confusión y enojo
La emergencia agropecuaria por déficit hídrico son cientos de kilómetros de pasto seco y amarillo. Alejándonos del incendio en la costa de Canelones, camino a Paysandú, el escenario junto a Río Negro del mayor incendio de la historia del país, el sol del mediodía arroja un manto blanco sobre el campo y la sequía parece irreversible.
Hay que tomar la ruta 25 para llegar desde Young a Algorta. En el kilómetro 67, al costado de la banquina y como una chatarra que nadie se molestó en retirar, está el esqueleto oxidado del camión que, se presume, originó el gran incendio en Río Negro el 29 de diciembre pasado y que rápidamente se extendió a Paysandú. Todavía se distinguen los restos de la carga que transportaba: ventiladores, una silla y decenas de latas de pintura yacen sobre un colchón de carbón y cenizas.
La Dirección Nacional de Bomberos aún investiga qué tan inflamable era su contenido para determinar si así empezó la pesadilla. También analiza si el segundo incendio (en Nuevo Berlín, Río Negro) se habría iniciado o no en una cantera.
Después del fuego, lo que queda en el litoral es una mezcla de sentimientos encontrados. “Todos quedamos sobrepasados”, dice Jhon Cáceres, alcalde de Piedras Coloradas. “Una vez apagado el fuego todos debemos hacer un mea culpa”. Tras cuatro días de terror en los que ardieron 37 mil hectáreas, la comunidad se aferra a la solidaridad organizada que logró combatir las llamas, pero también proliferan las recriminaciones contra las empresas forestales y las autoridades.
Se las acusa de no tener los predios ni los cortafuegos en buenas condiciones, falta de reservas de agua y de coordinación entre las firmas a la hora de actuar. “Pensábamos que quizás había una capacidad de respuesta más grande, que podría servir para compensar las carencias en el mantenimiento de los predios, pero cuando llegó el fuego nos dimos cuenta que las carencias también estaban en la respuesta”, dice Javier Dalmás, productor ganadero de Paysandú.
Desde el 1° de enero, cuando llegó la lluvia y así el control de las peores llamas, las autoridades se hicieron presentes. Visitaron la zona el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el ministro del Interior Luis Alberto Heber; luego los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Ambiente, así como autoridades de OSE, UTE, Ancap, del Banco República y representantes de las empresas forestales, para escuchar a la comunidad, relevar daños, diseñar medidas para mitigar las pérdidas y anunciar cambios en la normativa.
En esas reuniones “el ánimo estaba caldeado”, describe el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Dice: “Se sumaron dos enojos, el de este último evento, fuera de proporciones de todo lo esperable y endurecido por los problemas que ya se veían dentro de los predios de las forestales, y el otro enojo: el histórico hacia el modelo productivo”.
Mientras Cabildo Abierto, la oposición y gran parte de la comunidad afectada plantean que el incendio y sus circunstancias señalan que, a pesar del veto presidencial, se debe volver a discutir el modelo forestal y su legislación (ver recuadro), la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería desestima esta necesidad y confirma que investigará si hubo negligencia por parte de las seis empresas con terrenos quemados.
“Acá se está gestando un mar de fondo que está pidiendo diálogo. Hay una relación de convivencia con las forestales que hay que cuidar”, dice Dalmás, que integra el movimiento que agrupa a asociaciones de productores agropecuarios y apícolas del litoral que convocaron a las firmas y al gobierno a una mesa de diálogo.
En tanto, el viernes pasado, Bomberos anunció que cinco de los focos que surgieron una vez que el fuego estaba controlado habían sido intencionales. Durante el combate, los funcionarios habrían notado “cosas que no coincidían acerca de cómo se estaba continuando el incendio”, indica Pablo Benítez, vocero de Bomberos. Se presentó una denuncia para que Fiscalía investigue.
Según supo El País, la reactivación de algunos focos en los últimos días “frenó” el relevamiento dentro de los predios para cuantificar las pérdidas. Fuentes del Ministerio de Ganadería indican que, de todas formas, el “daño sería menor a lo pensado en un principio”. Están considerando unas 600 colmenas perdidas y no más de 20 mil como se había dicho. Sin embargo, Gabriel Rodríguez, de la Sociedad Apícola Uruguaya, estima que son unas 3.600. Además, las autoridades prácticamente descartan que haya muerto ganado y calculan en unos 1.500 los animales que habría que reubicar y alimentar.
No hubo pérdidas humanas ni de viviendas, insiste el gobierno y también Montes del Plata. Pero, aún así, algo se rompió. Lo que la comunidad expresa es una “pérdida del prestigio” de las forestales: un “quiebre en la confianza”.
“Adentro de una estufa”
El litoral es la zona más forestada del país: 36% del total nacional. Localidades como Orgoroso, Piedras Coloradas o Algorta tienen su raíz forestal en las décadas del 1960 y 1970, es decir, antes del gran desarrollo del sector. En la actualidad, distintos productores aseguran que el 90% de estas comunidades viven directa o indirectamente de esta explotación.
Con el desembarco de empresas como UPM y Montes del Plata, los montes se acercaron a los centros poblados y a su vez, las poblaciones se ampliaron. “Los pueblos que en su momento eran pequeños van aumentando su tamaño porque van alojando gente que trabaja en las zonas en la actividad forestal”, ilustra Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Así, “las distancias que originalmente existían hoy se acortaron”. Y algunos pueblos quedaron rodeados de montes.
Según Ledesma, la explotación forestal llegó para aprovechar los suelos con menor productividad y terminó convirtiéndose en “una oportunidad adicional de ingresos para otros productores que complementan su actividad con la forestal”. Los ganaderos de la zona suelen tener contratos de pastoreo con estas empresas, así como los productores apícolas, que colocan sus colmenas en estas áreas. La describe como una relación de convivencia ideal: “El ganado se beneficia de la sombra en verano, eso evita que pierda peso por el calor. A su vez, la forestación se ve beneficiada porque el ganado baja mucho el tapiz vegetal y disminuyen los riesgos de incendio”.
Sin embargo, el fuego dejó al descubierto reclamos que hasta ahora se mantenían por lo bajo. Cuando se les pregunta a los productores locales si había algún temor a un incendio de esta magnitud, se escuchan respuestas como esta: “Yo siempre dije que si acá había un incendio estábamos adentro de una estufa”. O: “Nosotros sabíamos que este momento nos iba a llegar, siempre decíamos que los pueblos nuestros rodeados de forestación son una bomba de tiempo”. El intendente Olivera describe que los montes están en todos lados: del otro lado de la calle, en el fondo de la vivienda, pegado a la escuela. “Buscando aprovechar cada centímetro cuadrado, estos muchachos han plantado en todos lados”.
¿Está permitida tal cercanía? Carlos Faroppa, al frente de la Dirección Forestal, explica que no hay una normativa “estricta”, sino que cuando empezaron a aparecer los “problemas de cercanía”, en 2016, Bomberos hizo una recomendación que define una distancia de entre 150 y 200 metros como una zona segura. Pero es eso: una recomendación.
Para activarse, cada proyecto necesita una habilitación de la Dirección Forestal —que a partir de un decreto de diciembre pasado incorpora al Ministerio de Ambiente—. A su vez, las grandes empresas cuentan con certificaciones internacionales, y la gran mayoría con seguros. En definitiva, “el proyecto no camina si no tiene un buen detalle del plan de prevención contra incendios”, dice Faroppa.
En este escenario, el ministro de Ambiente Adrián Peña anunció que se exigirá un distanciamiento de 500 metros de las poblaciones. El intendente Olivera considera que este será “el gran termómetro” para medir la voluntad de las forestales en recomponer la confianza de las comunidades. El asunto es que una cosecha insume varios años. “A mí me encantaría que cortaran hoy, esté en la etapa que esté, así se evita que esto vuelva a pasar”.
El País consultó sobre este punto a UPM y Montes del Plata. La primera no contestó esta pregunta; la segunda dijo que está en coordinación con las autoridades para “comenzar de inmediato a realizar distanciamientos mayores en estas localidades para brindar mayor tranquilidad a los vecinos”. Desde Río Negro, el intendente Omar Lafluf dice: “Nosotros vamos a estar arriba del tema”.
Renace el debate sobre el modelo forestal
Productores afectados dicen que se abre una “oportunidad” para discutir a fondo el modelo forestal. La visión es apoyada por Un Solo Uruguay: “El problema es que estos macizos ya existen. Hay que discutir si se seguirán extendiendo o si se va a pensar en otro modelo de desarrollo”, apunta el referente Marcelo Nougué. Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, dice que los incendios fueron “una señal de que hay que poner el tema sobre la mesa nuevamente”, y que el debate “no se termina con el veto de la ley”. El 19 de enero comparecerán en el Parlamento los ministros de Ganadería, Fernando Mattos; de Ambiente, Adrián Peña; de Interior, Luis Alberto Heber, y de Defensa, Javier García, para ahondar lo actuado en los incendios.
Ojos sobre el monte
En el litoral, hace diez días que no se duerme. Aunque la sensación es de que “ya no queda nada por quemar”, el cuerpo sigue alerta. “El 1° de enero no comimos. Nos olvidamos de Año Nuevo”, dice Noemí, la enfermera de Piedras Coloradas. Permaneció cuatro días mutualista del pueblo, donde nadie fue a consultar. Todos priorizaron apagar el fuego. Tal es así que la ambulancia tuvo dos tareas: trasladar a las personas que decidieron autoevacuarse y transportar bidones de agua.
En un camino vecinal que conecta Piedras Coloradas y Orgoroso se ven camionetas cargando fardos y raciones para los animales que fueron donadas y que distribuye el ministerio. Un hombre enfrenta el otro gran problema que dejaron los incendios: ya no hay alambrados. Su piel no es curtida; es roja, un rojo que parece un reflejo del fuego que pasó. Primero arregla la herramienta que hace el pozo donde irá el nuevo alambrado; al día siguiente, alambra. También empezó a sembrar.
Por el mismo camino pasa Julián. Llegó al pueblo hace 10 años, cuando se instalaron las multinacionales. Su changa era limpiar. Limpiaba dentro del predio, los cortafuegos y las caminerías. “Querían todo prolijo, pero hoy es una mugrera tal que ni los animales entran. Y cobran como si fuera una pradera”, lanza. Según distintos testimonios, los ganaderos pagan unos 60 dólares por hectárea por año para que sus animales pastoreen. El doble de lo que vale en un campo de colonización. En el último año, a las dos grandes empresas han tenido que pedirles que hagan aguadas para los animales y que limpien los predios, pero si los limpian solo lo hacen “en los bordes”.
Un productor cuenta que a un amigo se le murieron 22 animales porque “de la cantidad de mugre que había no hallaron el agua”. “Estuvimos cinco personas durante tres días para encontrarlos. No pasaban los caballos. No nos veíamos entre nosotros de tanta mugre”. Dice que algunos terneros entran con 140 kilos y tres meses después los sacan con 10 kilos menos. “El tema es que no hay más campos donde llevarlos: morimos ahí”.
Desde la SPF, Ledesma asegura que se hará un análisis objetivo. “No puedo asegurar que estuvieran 100% en condiciones, pero sí que se preocupan por su patrimonio porque no hay seguro que les pueda resarcir el daño de un incendio”. ¿Quién los controla? En primera instancia, la Dirección Forestal. “En estas empresas no tenemos antecedentes de incumplimiento, tenemos algunas observaciones pero en general tenían buen mantenimiento”, dice Faroppa.
No surgen en 2021 observaciones hacia ninguna de las seis empresas afectadas. Pero, ese año, la dirección no realizó inspecciones en el litoral, informan desde el Ministerio de Ganadería. La oficina cuenta con 16 técnicos para analizar e inspeccionar cuatro mil carpetas, que representan más de un millón de hectáreas de explotación forestal. Las carpetas son papeles, que el equipo que dirige Faroppa empezó a digitalizar. Anualmente, hacen unas 50 inspecciones. Priorizan las plantaciones en el centronorte y centroeste del país, “porque ahí hay predios más chicos y más difíciles de acceder”.
Dirección Forestal envía a Bomberos copia de los planes contra incendios de cada empresa. Bomberos podría inspeccionar, pero no les da el tiempo ni tiene recursos para hacerlo, indica su vocero. Son 1.860 funcionarios. A pesar de la ampliación del área forestada el sindicato denuncia que desde 2008 no se crearon nuevos cargos (ver recuadro).
Pero además, están las certificaciones y los controles de las aseguradoras. Todos estos ojos deberían ser suficientes para evaluar si están preparadas para combatir el fuego. Y si esto no alcanzara, desde 2014 los 110 socios de la SPF conformaron un consorcio contra incendios, que insume una inversión de 2,5 millones de dólares. Cada temporada, este sistema detecta unos 1.500 humos y realiza unas 70 intervenciones con helicópteros.
Tres helicópteros se traen cada verano desde Europa y se colocan en tres regiones distintas, cubriendo toda la superficie forestal. También poseen seis aviones de monitoreo. La base de operaciones, “de última tecnología”, tiene brigadas especializadas que reciben a diario las condiciones meteorológicas y elaboran un índice de riesgo que determina la frecuencia en la que los aviones sobrevuelan la zona. Si el riesgo es alto, vuelan hasta tres ciclos de dos horas por día. Si persiste, se desplaza el helicóptero con la brigada. Los brigadistas bajan a tierra, y desde el aire se despliega el helibalde. Pueden lanzar 800 litros de agua cada tres minutos. A su vez, alertan a las empresas cercanas al foco, que envían sus propias brigadas y sus propias maquinarias.
Desde la SPF aseguran que el consorcio puso todo a disposición de Bomberos para combatir los incendios. Además de maquinaria, Montes del Plata envió 212 funcionarios y UPM 170, según informó la empresa. ¿Por qué, entonces, el fuego pudo más? “Las condiciones climáticas fueron únicas. La humedad era baja, los vientos entre 20 y 30 kilómetros por hora, con la virulencia del fuego, hacían volar la hojarasca hasta por mil metros, abriendo nuevos focos”, dice Faroppa.
Habrá que esperar las investigaciones.
En tanto, la Dirección Forestal adquirió nueva tecnología, sumará personal y promete más inspecciones y sanciones duras. Las intendencias aseguran que a su vez, incrementarán sus controles.
“La próxima semana anuncian la peor ola de calor”, se avisan los productores entre sí. En el litoral el fuego ya está bajo control, pero sigue habiendo focos y la comunidad teme que esto se convierta en una historia repetida. “Miedo ya no tengo. Lo que se podía haber quemado, se quemó. El tema ahora es el futuro porque las empresas van a volver a plantar, y si no se controla, va a arder todo”, dice Milton, que atajó el fuego apagando con el pie cada hojarasca encendida que el viento le llevaba a la puerta de su casa.
Bomberos: Sindicato pide más cargos
El fuego reavivó el reclamo por más personal y mejores condiciones laborales para Bomberos. Son 1.860 en todo el país, pero desde 2008 no se generan cargos nuevos. Así, las dotaciones tienen menos personal del que deberían, según Freddy Silvera, secretario general de la Alianza de Bomberos del Uruguay. Dice que hacen falta al menos 300 funcionarios más para cubrir la demanda, porque “uno solo hace el trabajo de tres”. Además, reclama que durante las guardias están mal alimentados para afrontar tanta fatiga.
Textos: Mariángel Solomita y Delfina Milder
Fotos: Estefanía Leal, Faustina Bartaburu y Mateo Vázquez
Diseño:TI El País
